El colapso de la firma fintech Synapse ha dejado a miles de estadounidenses sin acceso a sus ahorros, generando una crisis financiera que afecta a personas de diversos perfiles, desde maestros hasta propietarios de pequeñas empresas. Esta situación se originó cuando Synapse, un intermediario financiero, dejó de operar, bloqueando el acceso a fondos depositados en bancos como Evolve Bank & Trust, donde los clientes creían que su dinero estaba seguro.
El problema comenzó en mayo, cuando un conflicto entre Synapse y Evolve Bank sobre los saldos de los clientes provocó que Synapse desactivara un sistema crucial para procesar transacciones. Synapse actuaba como intermediario para startups fintech como Yotta y Juno, que no son bancos, conectándolas con prestamistas más pequeños. Tras la quiebra de Synapse, un fideicomisario designado por el tribunal descubrió que faltaban hasta 96 millones de dólares de fondos de clientes, una cifra que aún no se ha recuperado.
Clientes como Kayla Morris, que había depositado más de 280,000 dólares, se enfrentan a la posibilidad de recuperar solo una fracción de sus ahorros. La falta de claridad sobre el paradero de los fondos se debe, en parte, a que Synapse no tiene recursos para realizar una auditoría completa de sus libros. Mientras tanto, instituciones como la FDIC han aclarado que su seguro no cubre la quiebra de empresas no bancarias como Synapse, dejando a los clientes con pocas opciones para recuperar su dinero.
Ante la falta de acción por parte de los reguladores, los afectados han comenzado a organizarse. Un grupo llamado Fight For Our Funds, liderado por Zach Jacobs, busca atraer la atención de los medios y políticos para presionar por una solución. Hasta ahora, más de 3,400 personas han reportado pérdidas combinadas de 30.4 millones de dólares. Sin embargo, la recuperación de los fondos sigue siendo incierta, ya que los bancos implicados no han logrado coordinarse para resolver el problema.
El caso de Synapse ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con confiar en fintechs para la gestión de ahorros, especialmente cuando los clientes no tienen relaciones directas con los bancos. En respuesta, la FDIC ha propuesto una nueva normativa que obligaría a los bancos a mantener registros detallados de los clientes de aplicaciones fintech, mejorando las posibilidades de cobertura en futuras crisis. Sin embargo, el tiempo para una solución coordinada se agota, y el proceso de bancarrota ha creado ganadores y perdedores entre los clientes.
