El gobierno de Australia ha decidido retirar un proyecto de ley que pretendía imponer multas a las plataformas en línea de hasta el 5% de sus ingresos globales si no lograban detener la propagación de desinformación. Este proyecto, respaldado por el gobierno laborista, habría permitido a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios establecer normas obligatorias para controlar la desinformación en plataformas digitales. La ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, afirmó que la ley habría introducido un nivel sin precedentes de transparencia, responsabilizando a las grandes tecnológicas por sus sistemas y procesos para prevenir y minimizar la difusión de información dañina en línea.

Ilustración conceptual que muestra la propagación de información en redes sociales, representada por burbujas de diálogo con íconos como Instagram, Facebook y hashtags, conectadas por flechas amarillas que simbolizan la transmisión y evolución del contenido en plataformas digitales.

A pesar de las intenciones del proyecto, Rowland reconoció que, tras declaraciones públicas y compromisos con senadores, no existe un camino viable para legislar esta propuesta a través del Senado. Cuando se presentó una versión revisada del proyecto en septiembre, Elon Musk, propietario de X (anteriormente Twitter), lo criticó con un escueto comentario: «Fascistas». Por su parte, el Ministro de Comunicaciones en la sombra, David Coleman, se mostró como un ferviente opositor, argumentando que la ley incitaría a las plataformas a suprimir la libertad de expresión para evitar sanciones económicas.

Con el proyecto aparentemente descartado, Coleman calificó la propuesta como un «ataque impactante a la libertad de expresión que traicionó nuestra democracia» y solicitó al primer ministro que descarte cualquier futura versión de esta legislación. Mientras tanto, Rowland hizo un llamado al Parlamento para apoyar otras propuestas destinadas a fortalecer las instituciones democráticas y proteger a los australianos en línea. Estas incluyen legislación contra los deep fakes, la aplicación de la «verdad en la publicidad política para elecciones» y la regulación de la inteligencia artificial.

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