El gobierno del Reino Unido ha dado un paso sin precedentes al exigir a Apple que cree una puerta trasera en sus sistemas de encriptación, lo que permitiría a las autoridades británicas acceder al contenido cifrado de cualquier usuario de Apple en todo el mundo. Esta medida, revelada por un informe del Washington Post, marca un punto álgido en la larga campaña del Reino Unido contra la encriptación, que ha incluido legislaciones como el Investigatory Powers Act y el Online Safety Act. A pesar de las reiteradas declaraciones de que no pretendían romper la encriptación por completo, esta orden confirma los peores temores de los defensores de la privacidad.
La solicitud del gobierno británico no se limita a casos específicos, sino que exige una capacidad general para acceder a materiales completamente cifrados, algo sin precedentes en las democracias occidentales. Esto implica comprometer la arquitectura de seguridad de los productos de Apple a nivel mundial, creando una llave maestra que podría desbloquear los datos cifrados de cualquier usuario. La creación de una puerta trasera no solo pondría en riesgo la privacidad de los usuarios británicos, sino que también afectaría a usuarios de todo el mundo, exponiéndolos a amenazas de actores estatales, ciberdelincuentes y naciones hostiles.
El impacto de esta orden es potencialmente devastador. La creación de una vulnerabilidad en el sistema de encriptación podría ser explotada por cualquier entidad que la descubra, desde estados hasta organizaciones criminales. Además, la pertenencia del Reino Unido a la alianza de inteligencia Five Eyes podría facilitar que otras naciones, como Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, utilicen esta puerta trasera para sus propios fines de vigilancia, sin un debate democrático o supervisión en esos países.
Apple se enfrenta a una difícil decisión. Aunque podría considerar abandonar el mercado británico para no comprometer su promesa de seguridad a los usuarios, esto no resolvería la demanda del Reino Unido de acceso a datos en otros países. La situación se complica aún más por la limitada capacidad de Apple para apelar la orden, ya que solo puede discutir el coste de implementación, no las implicaciones de privacidad y seguridad para miles de millones de usuarios.
La situación es aún más preocupante debido a la cláusula de secreto impuesta por el gobierno británico, que impediría a Apple informar a sus usuarios sobre la pérdida de seguridad en su encriptación. Esta exigencia de engañar activamente a los usuarios sobre la seguridad de sus datos subraya la indiferencia del Reino Unido hacia el derecho fundamental a la privacidad. En un momento en que la seguridad digital es más crucial que nunca, esta demanda del Reino Unido representa un ataque coordinado sin precedentes a las comunicaciones privadas en la era digital.
