Un exjockey, Michael Straight, que quedó paralizado de la cintura para abajo tras un accidente de equitación, pudo volver a caminar gracias a un innovador exoesqueleto robótico: el ReWalk Personal, valorado en 100.000 dólares. Sin embargo, después de más de 370.000 pasos y 10 años de uso, el dispositivo dejó de funcionar debido a una pequeña avería, lo que dejó a Straight nuevamente sin movilidad.
El problema fue causado por un cable suelto que conectaba la batería del reloj que controlaba el exoesqueleto. A pesar de que la reparación implicaba un coste mínimo, la empresa fabricante, Lifeward, se negó a repararlo, alegando que el dispositivo era demasiado antiguo, ya que tiene una política de no reparar productos con más de cinco años de antigüedad.
Enfurecido, Straight compartió su experiencia en redes sociales, criticando duramente a la compañía. «Es difícil de creer que, tras haber pagado 100.000 dólares por la máquina y el entrenamiento, una batería de 20 dólares sea la razón por la que no puedo caminar», escribió en Facebook.
Este caso ilustra un problema cada vez más común: los dispositivos médicos avanzados pueden transformar la vida de las personas con discapacidades graves, pero también las hacen dependientes de las decisiones comerciales de los fabricantes. Algunos pacientes quedan varados cuando las empresas dejan de dar soporte a sus productos, como ha sucedido con dispositivos de visión biónica o tecnologías para tratar enfermedades crónicas.
En ausencia de leyes de derecho a la reparación, los fabricantes no están obligados a proporcionar piezas especializadas, herramientas o guías para que terceros puedan reparar estos dispositivos. Algunas empresas, como Apple, son conocidas por su resistencia a permitir reparaciones por parte de terceros, lo que obliga a los usuarios a depender completamente del servicio oficial.
Finalmente, tras una intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación, Lifeward accedió a reparar el exoesqueleto de Straight. Sin embargo, este caso resalta la necesidad de regulaciones más estrictas que protejan a los usuarios de dispositivos médicos costosos y vitales, asegurando que puedan acceder a reparaciones sin depender únicamente de la buena voluntad de los fabricantes.
