El robo de identidad infantil es una problemática en aumento, aprovechada por delincuentes que se benefician de la inactividad crediticia de los menores y la falta de supervisión de sus informes crediticios. Esta situación permite que los malhechores actúen durante más tiempo antes de que alguien detecte el fraude. Además, las nuevas leyes de verificación de edad en redes sociales, aunque bien intencionadas, podrían incrementar los riesgos al exigir que los menores proporcionen su número de Seguridad Social y otros datos sensibles.
Según Michael Bruemmer, vicepresidente de Protección al Consumidor de Experian, el 25% de los menores sufrirá fraude o robo de identidad antes de cumplir 18 años. Esto implica que uno de cada cuatro menores y sus padres deberán enfrentarse a largos y estresantes procesos con las agencias de crédito y bancos. Peor aún, estos jóvenes podrían enfrentar dificultades para establecer y usar su crédito en la adultez. En una encuesta de Experian, más de la mitad de las víctimas de robo de identidad infantil reportaron haber sido denegadas en su acceso al crédito debido al uso fraudulento de su identidad. Algunos de estos efectos adversos persisten más de diez años después del incidente, y un pequeño porcentaje de las víctimas acaba con un historial criminal injusto.
Los menores son entre 35 y 51 veces más propensos a convertirse en víctimas de robo de identidad que los adultos. La falta de uso y monitoreo de su crédito permite que el fraude pase desapercibido durante mucho tiempo. A pesar de que el 25% de los menores serán víctimas de robo de identidad, de los casos manejados por Experian cada año, aproximadamente el 17% involucran a niños.
Aunque los adultos mayores pierden más dinero debido al fraude, los adolescentes reportan más pérdidas financieras. En particular, los jóvenes que salen del sistema de cuidado de crianza enfrentan mayores riesgos de desempleo y falta de vivienda debido a su mal crédito, lo que constituye una barrera significativa para su supervivencia.
Las escuelas son objetivos crecientes de ataques de ransomware debido a la valiosa información que almacenan, como números de Seguridad Social, datos de identificación personal y números de tarjetas de crédito. Estos ataques han llegado incluso a cancelar clases. Según un estudio global de Sophos en 2023, el 80% de las instituciones de educación básica y el 79% de las instituciones de educación superior reportaron haber sido víctimas de ransomware en el último año. La misma información valiosa en las escuelas también estaría presente en las plataformas que implementen verificaciones de edad, aumentando su atractivo para los atacantes.
Las leyes de verificación de edad en redes sociales, diseñadas para proteger a los menores de contenido nocivo y salvaguardar su salud mental, pueden tener consecuencias no deseadas. La verificación de edad precisa requiere proporcionar identificación gubernamental, números de Seguridad Social y escaneos faciales, lo que convierte esta información en un objetivo valioso para los hackers. Las tecnologías de estimación facial utilizadas para la verificación de edad presentan altas tasas de falsos positivos, demostrando su ineficacia para este propósito.
Las compañías privadas, a menudo víctimas de brechas de seguridad, almacenan información valiosa que las convierte en objetivos para los atacantes. Por ejemplo, el proveedor de verificación de edad para las principales redes sociales expuso credenciales de acceso a identidades gubernamentales de usuarios durante más de un año.
Las familias y las plataformas tienen roles cruciales en la educación digital de los menores para que identifiquen y eviten estafas. Las plataformas de redes sociales deben adoptar el cifrado de extremo a extremo para proteger los datos de los usuarios. Además, es vital que los padres utilicen herramientas disponibles para proteger el crédito de toda la familia y estén conscientes de los riesgos y las mejores prácticas de seguridad.
Los niños en el sistema de cuidado de crianza están en mayor riesgo de robo de identidad debido a la amplia distribución de su información sensible a diferentes adultos. Un estudio de hace una década del Identity Theft Resource Center encontró que la mitad de los jóvenes en el sistema de cuidado de crianza de California eran víctimas, con una deuda promedio por robo de identidad superior a los $12,000. Las leyes requieren que los estados realicen verificaciones de crédito para estos niños a partir de los 14 años, pero parece que este mandato no se aplica de manera consistente o efectiva.
