Se está creando un fuerte impulso bipartidista para restringir ciertos aspectos de nuestras leyes bajo derechos de autor. Peor aún, se está tratando de incluir este esfuerzo en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), una ley esencial que el Congreso aprueba anualmente, a menudo cargada de proyectos de ley que no podrían aprobarse por separado.
Este año, están impulsando el Pro Codes Act, una legislación peligrosa con apoyo bipartidista. En la Cámara de Representantes, el proyecto de ley es promovido por Darrell Issa y en el Senado por Chris Coons. La propuesta de Issa se ha presentado como una enmienda al NDAA (enmienda 1082).
Existen numerosos estándares, a menudo desarrollados por grupos industriales, que abarcan desde códigos de construcción hasta seguridad del consumidor y materiales peligrosos. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología tiene una base de datos con más de 27,000 de estos estándares, muchos de los cuales se incluyen por referencia en la ley.
Aquí es donde surge la controversia: muchos de estos estándares son elaborados por organizaciones privadas y podrían estar protegidos por derechos de autor. Sin embargo, cuando estos estándares se incorporan por referencia en la ley, deberían ser de dominio público, ya que la ley misma debe ser accesible para todos.
Este tema ha sido objeto de numerosas batallas legales, lideradas principalmente por Carl Malamud y su organización Public.Resource.Org, que se ha dedicado a compartir diversas leyes para asegurar que la ciudadanía esté adecuadamente informada. Hace cuatro años, la Corte Suprema falló a favor de Malamud en un caso relacionado con la publicación de las leyes de Georgia. La corte dejó claro que los «edictos gubernamentales» no pueden estar sujetos a derechos de autor.
El Pro Codes Act busca garantizar que los estándares técnicos incorporados por referencia conserven sus derechos de autor. Para tratar de evitar críticas, la ley estipula que estos estándares deben estar disponibles en línea sin costo. Sin embargo, esto no garantiza que la ley sea accesible de manera fácil o útil. La ley seguiría estando disponible solo en una fuente y en un formato específico, lo que limita el acceso y el uso.
