Desde principios de este año, España ha presenciado cómo miles de negocios en internet legítimos y servicios web han sido bloqueados por operadoras a petición de LaLiga, especialmente durante partidos de fútbol. Esta práctica, lejos de resolverse, ha sido avalada por los principales partidos del Congreso, a pesar de la creciente oleada de protestas de usuarios, negocios afectados y expertos en derechos digitales.
Un Congreso de espaldas a la realidad
El Congreso de los Diputados rechazó el pasado 22 de octubre la iniciativa presentada por el BNG para exigir que los bloqueos se apliquen sin dañar a terceros. Populares y Vox votaron en contra, PSOE se abstuvo. En la sesión, los portavoces de cada partido defendieron que su postura protege los intereses generales y el cumplimiento de la ley, aunque los hechos desmienten esta imagen de equilibrio y legalidad.
La sentencia judicial
Las actuaciones de LaLiga se apoyan en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024 y ratificada en marzo de 2025. Este fallo determina expresamente que los bloqueos no deben afectar a terceros ajenos a la actividad ilícita.
Las palabras de los políticos
A continuación se muestran bloques para insertar los textos literales de los principales portavoces parlamentarios, cuyas declaraciones contrastan con la afectación masiva y continuada a miles de webs completamente legales:
Hita Téllez (PSOE)
Gracias, señor presidente. Señorías, hoy debatimos la proposición no de ley presentada por el BNG sobre los bloqueos, que en la PNL se denominan indiscriminados, de páginas webs por parte de La Liga y Movistar. En primer lugar, tengo que decir que el Ejecutivo, a través del Ministerio para la Transformación Digital, mantiene un diálogo constante con todos los agentes implicados en la gestión del tráfico IP: operadores de cable submarino, proveedores cloud, centros de datos, nodos IXP, CDN, ISP, hosting y registradores DNS, para evaluar el estado del arte tecnológico en cada momento y diseñar salvaguardas que aseguren bloqueos estrictamente selectivos. Esta cooperación internacional fortalece nuestra capacidad para impedir que órdenes de bloqueo afecten a servicios y usuarios legales y autorizados. En segundo lugar, tengo que añadir que se está analizando la necesidad de establecer reglas específicas más allá de los estándares internacionales, posiblemente a nivel de la Unión Europea, tal como prevé la recomendación de la Comisión Europea de 2023, para combatir la piratería de eventos en directo. El Gobierno es activo en estos foros para reforzar la protección de la propiedad intelectual sin dañar en ningún momento el funcionamiento de webs legítimas ni derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa. Además, se solicita la colaboración proactiva de las empresas de hosting para reforzar sus sistemas de detección y notificación temprana de contenidos ilícitos, evitando así procedimientos masivos que puedan perjudicar a clientes que confían en estos proveedores para alojar páginas y aplicaciones plenamente legales. Su cooperación debe basarse en protocolos ágiles de identificación de infracciones y en un cauce transparente de comunicaciones con autoridades y titulares de derechos, de forma que minimicen impactos sobre servicios completamente legítimos. Asimismo, debemos subrayar que las medidas de bloqueo cumplen con la supervisión judicial en todo momento. La Sentencia 310/2024 del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona y su Auto 295/2025, de nulidad, confirman la legalidad y la proporcionalidad de los cierres de IP que distribuyen contenidos ilícitos de La Liga, descartando perjuicios injustificados o merma de garantías en cualquier caso. En caso de presuntos excesos, el cauce correcto sería reiterar el incidente de ejecución de sentencia ante este tribunal y no la creación de nuevas regulaciones a priori. En conclusión, el Gobierno asegura una defensa equilibrada, protege los derechos audiovisuales de clubes y operadores, blinda el acceso legítimo de los ciudadanos y empresas y cuenta con la colaboración de proveedores de hosting, todo bajo la vigilancia y tutela de los jueces. Con estas acciones se refuerza la seguridad jurídica, se evitan daños a terceros y se cumple escrupulosamente la normativa internacional y europea vigentes. Solicito el apoyo de esta comisión para continuar reforzando estos instrumentos y garantizar un Internet seguro y respetuoso con todos los derechos. Nuestro voto será la abstención. Muchas gracias.
Moraleja Gómez (PP)
Ay, señor Rego! De verdad, en primer lugar, me sorprende que al Bloque Nacionalista Galego le interese algo que tenga que ver con competiciones deportivas en el ámbito nacional, como La Liga española, cuando, si fuese por ustedes, realmente ni existiría. Señorías, estamos a punto, incluso a un paso, de ver cómo el Bloque Nacionalista Galego violenta las calles, porque va a convocar una manifestación a favor de la piratería en el fútbol. Esto es lo que realmente usted está defendiendo en esta proposición no de ley. Y, de verdad, si tanto le interesa la televisión, también podría preocuparse de la manipulación que cada día sufrimos los españoles en Telepedro, Radiotelevisión Española, pero de eso no habla, ¿verdad? En Madrid, mejor mansos. Y es que estamos viendo cómo el Bloque Nacionalista Galego está respaldando a una entidad privada millonaria que hace de intermediaria y que gana dinero con la piratería, cuando hay otros intermediarios que sí colaboran y cumplen, pero de eso usted tampoco habla. Ante esto, señorías, el Partido Popular apoya decididamente la protección de los derechos de propiedad intelectual y, por tanto, respalda las acciones de lucha contra la piratería. La piratería en España, como ustedes saben, causa un grave perjuicio a la cultura, al deporte, al sector público y, por supuesto, también a los propietarios de derechos. Por eso es necesario situar el foco en los servicios intermediarios, que son quienes configuran el funcionamiento tecnológico de Internet y quienes tienen la capacidad de identificar las IP de los recursos piratas. Hay algunos intermediarios, como es este caso, que se niegan a colaborar y a cumplir correctamente las resoluciones judiciales, que para eso están, señor Rego, para cumplirlas. Pero hay otros que no, de hecho, protegen los derechos y saben cuáles son los clientes que los protegen y cuáles no. ¿Qué ocurre en este caso? Que utilizan una compartición de IP entre distintos clientes, y ese es el origen del problema. Su actitud contrasta, como le he dicho, con otros intermediarios que colaboran activamente en la eliminación de accesos a contenidos ilícitos y, por tanto, no producen ningún perjuicio a otros clientes que hacen un uso ordinario de la red. En el texto se omite el origen de esta situación, que no es otro que los índices de fraude y de piratería que sufre la industria audiovisual, pero también se omite, señor Rego, el perjuicio que supone el fraude audiovisual para los clubes de primera y segunda división, incluidos los clubes gallegos. Es más, también hay una falta de sensibilidad hacia los clubes más modestos, cuyos ingresos, como usted bien sabe, dependen en gran medida de los derechos audiovisuales, y usted está poniendo en riesgo su sostenibilidad económica y competitiva. Pero, bueno, señor Rego, usted decidir en qué lado de la historia quiere estar. Muchas gracias.
Rodríguez Almeida (Vox)
El BNG, el señor Rego, cuando ha hecho la presentación de su iniciativa, se ha quejado de la soledad que tenía en esta iniciativa. También le ha dicho ahora la portavoz de Esquerra que cómo puede ser que empresas privadas bloqueen o hagan una serie de actuaciones. No es verdad. Quien lo está haciendo es el Poder Judicial: son actuaciones legítimas con unas reivindicaciones legítimas y bajo tutela judicial. La realidad es que en el estado de la tecnología en el que nos encontramos, con una limitación de rastreos de IP y donde el anonimato en redes se ha generalizado, cosa que ha sucedido en poco más de un año, no hay otro medio. Los juzgados que autorizan este tipo de actuaciones entienden que son bloqueos proporcionales, acotados en el tiempo, y siempre después de la constatación de emisiones ilícitas, nunca tienen carácter preventivo. La iniciativa insta al Gobierno a que actúe en el ámbito de sus competencias. Pues bien, mientras sean actuaciones con tutela judicial, poco pinta el Gobierno. Y por centrar el asunto, el verdadero responsable de esta situación es Cloudflare, cooperador necesario para el 38% de la piratería de la Liga. Por cierto, dice el señor Rego que son IP que supuestamente emiten contenidos protegidos. Señor Rego, de supuestamente nada: se aportan informes periciales en sede judicial para acreditar lo que se está haciendo, algo completamente ilícito como la piratería. No sé si usted está defendiendo la piratería. La realidad es que Cloudflare hace caso omiso de las notificaciones que recibe. Además, reconoce sin ningún tapujo en el informe anual de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ser conocedora de que será objeto de procedimientos penales que podrán perjudicar su negocio. En concreto, explicita que exigencias sobre la seguridad de la información, el contenido o el autor podrían disminuir la demanda o el uso de sus productos y que esas exigencias le podrían hacer incurrir en costes sustanciales o exponerle a responsabilidades civiles o penales imprevistas, haciéndole cambiar sus políticas comerciales. Es decir, no le preocupan las actividades ilícitas que se realicen en sus plataformas ni tampoco el interés en combatirlas o colaborar con la identificación de sus autores, solo le preocupan sus previsiones de ingresos y las contingencias que pudiesen truncarlos. Sorprende que el BNG presente una PNL para proteger a estas multinacionales tecnológicas sin escrúpulos y dispuestas a cualquier cosa por aumentar el beneficio de su negocio. La realidad y termino, señor presidente, es que, afortunadamente, hay una institución, La Liga, que legítimamente defiende sus intereses y es punta de lanza para combatir el tráfico ilícito en plataformas tecnológicas, que podría ser cualquier cosa, desde la pedofilia a cualquier otro ámbito. Muchas gracias.
La realidad de los bloqueos: evidencias masivas
Numerosos informes y testimonios demuestran que los bloqueos se ejecutan de manera generalizada, afectando a webs, tiendas online, startups, portales de pago y hasta entidades del sector público, cuyas únicas “faltas” son compartir IP con un sitio infractor. Las redes se han llenado de usuarios buscando modos de saltarse la censura mediante VPN o migrando servicios, desperdigando actividad y causando pérdidas a pequeños negocios cada fin de semana.
El problema, sobre el que insisten tanto RootedCON como plataformas de afectados, no es la persecución de la piratería, sino el método de bloqueo masivo e indiscriminado: basta con compartir IP para quedar fuera de servicio sin previo aviso, sin distinguir si el sitio es legal, un negocio o una administración.
Insistencias legales ignoradas: lo que dice la sentencia
En la propia sentencia judicial que ampara los bloqueos se recoge la instrucción básica de no perjudicar a terceros. Esta cláusula, lejos de cumplirse, es vulnerada reiteradamente cada vez que se bloquean miles de dominios ajenos a los fines de la orden, algo denunciado tanto por RootedCON, plataformas digitales y periodistas especializados.
RootedCON y la herramienta para denunciar
En respuesta al silencio institucional y la falta de vías efectivas para los afectados, las asociaciones de defensa digital y la propia conferencia RootedCON han proporcionado documentos para poder denunciar estos abusos, recabar pruebas de bloqueos y reclamar por las vías legales oportunas.
Conclusión
Mientras los principales partidos minimizan el impacto de los bloqueos, las recomendaciones judiciales siguen sin cumplirse. Los negocios y webs de ciudadanos, que nada tienen que ver con la piratería, siguen siendo los sacrificados en cada jornada futbolística. El conflicto revela una brecha cada vez mayor entre lo que los políticos aseguran en sede parlamentaria y lo que experimentan en su día a día miles de personas y empresas en nuestro país.
