Recientemente, se han enviado correos electrónicos por parte de la Oficina de Gestión de Personal de EE.UU. a los empleados federales, solicitando justificaciones de sus logros de la semana pasada. Según fuentes cercanas al proceso, las respuestas a este requerimiento serán analizadas por un sistema de inteligencia artificial, específicamente un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM). Este avanzado sistema tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos textuales para evaluar si el trabajo de un empleado es fundamental para la misión del gobierno.
La controversia inició cuando Elon Musk, en una comunicación a través de la plataforma X, declaró que la falta de respuesta sería interpretada como una renuncia. Aunque la OPM no hizo mención a esta amenaza, el correo instaba a los empleados a enviar un resumen de cinco logros, excluyendo información clasificada. Esta decisión de no permitir enlaces o archivos adjuntos está relacionada con la intencionalidad de que la información sea fácil de procesar por la inteligencia artificial, lo que plantea cuestionamientos sobre la privacidad y el uso de datos gubernamentales.
Esta medida ha generado resistencia entre sindicatos y grupos laborales, quienes argumentan que el enfoque es ilegal y no respeta los procedimientos establecidos. Los sindicatos han ampliado sus demandas legales contra la OPM, alegando que la implementación de este requerimiento y las despidos masivos de empleados en periodo de prueba vulnera los derechos de los trabajadores. En este contexto, algunos altos funcionarios de agencias han indicado a sus empleados que ignoren la solicitud, lo que ha generado un ambiente confuso y contradictorio.
La utilización de inteligencia artificial para evaluar el rendimiento laboral es un aspecto que ha generado críticas debido al miedo a la vigilancia y a la posible deshumanización del trabajo. Elon Musk ha sido acusado de seguir un enfoque similar al que usó en Twitter, donde impuso despidos masivos y exigencias extremas a su personal. A medida que se avanza en este tipo de iniciativas, la tensión entre la modernización del sector público y la protección de los derechos laborales continúa en incremento.
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