El gobierno de Estados Unidos ha decidido apoyar un nuevo tratado internacional sobre cibercrimen impulsado por las Naciones Unidas, aunque numerosos expertos, empresas y organizaciones de derechos humanos han advertido que podría debilitar la ciberseguridad global y facilitar la vigilancia y represión por parte de regímenes autoritarios, según diversas fuentes de medios. Este convenio se finalizó en agosto tras años de debates intensos y disputas sobre su redacción.
El tratado busca fortalecer la cooperación internacional para combatir los delitos cibernéticos. Promueve que los países firmantes recojan datos sobre actividades sospechosas, compartan información sobre sospechosos y faciliten la extradición de delincuentes y la confiscación de ganancias derivadas del cibercrimen. Además, exige que los proveedores de servicios digitales almacenen datos de tráfico en tiempo real, información de suscriptores y contenido de mensajes, obligándoles a compartir esta información con las autoridades en respuesta a solicitudes legales. También incluye una cláusula que ordena mantener en confidencialidad estas peticiones gubernamentales.
El tratado ha generado una fuerte oposición. Grupos de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han señalado que la definición de «cibercrimen» en el tratado es demasiado amplia, lo que permitiría a los gobiernos solicitar ayuda internacional para investigar delitos tecnológicos de diverso tipo. Esta ambigüedad podría abarcar desde la difamación digital hasta la incitación a la violencia, tipos de delitos que en ciertos países se han utilizado para perseguir a periodistas y manifestantes.
A pesar de una provisión en el tratado que establece que su contenido no debe interpretarse como un permiso para violar los derechos humanos, críticos como Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch, han advertido que su lenguaje es tan vago que difícilmente impedirá abusos. Según Hassan, al expandir la vigilancia gubernamental sin protecciones adecuadas, el tratado podría facilitar la represión de opositores políticos, grupos minoritarios y personas LGTB+ en países con gobiernos autoritarios.
Las disposiciones del tratado han sido criticadas también por empresas tecnológicas y organizaciones internacionales. En un comunicado, Nemanja Malisevic, director de diplomacia digital de Microsoft, afirmó que la falta de salvaguardas suficientes convierte el tratado en una herramienta de vigilancia y acceso a datos a nivel mundial bajo el pretexto de combatir el cibercrimen. Malisevic advirtió que, en su forma actual, el tratado representa una amenaza a la privacidad, la soberanía digital y los derechos en línea, afectando el libre flujo de información en Internet.
Aunque Estados Unidos ha manifestado su apoyo, se estima que es poco probable que el país lo ratifique, dado que esto requeriría la aprobación de dos tercios del Senado. Se espera que el tratado sea votado en la ONU esta semana, donde la postura de Estados Unidos podría influir en otras naciones.
