El Ministerio de Consumo de España anunció el lunes que ha ordenado a Airbnb la eliminación de más de 65,000 anuncios de alquileres vacacionales de su plataforma, argumentando que violan las normativas existentes.
El gobierno español, junto con los ayuntamientos y las autoridades regionales, ha iniciado una ofensiva general contra los alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb y Booking.com. La población local ha manifestado preocupaciones sobre el exceso de turismo, que ha contribuido a la escasez de viviendas y al aumento de los precios del alquiler.
La mayoría de los anuncios bloqueados no incluían su número de licencia, y otros no especificaban si el propietario era un particular o una empresa, según indicó el ministerio en un comunicado.
Pablo Bustinduy, Ministro de Consumo, enfatizó que su objetivo es poner fin a la «falta de control» y la «ilegalidad» en el negocio de los alquileres vacacionales, buscando promover el acceso a la vivienda y proteger los derechos de los consumidores.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tomado medidas decisivas, estableciendo en junio del año pasado una prohibición total de los alquileres turísticos para 2028.
Esta decisión llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado de vivienda en España, donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a rentas asequibles.
