La administración Trump pone en riesgo la libertad de expresión y la privacidad de los estudiantes internacionales

La administración federal de EE. UU. está utilizando la vigilancia en redes sociales para apuntar a titulares de visas de estudiantes que viven en el país, enfocado en aquellos cuyos discursos en línea no son bien vistos. Este programa, denominado «Catch and Revoke», busca revocar visas a estudiantes internacionales y parece ser una colaboración entre el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia. Incluye un grupo de trabajo específico y el uso de inteligencia artificial y otras herramientas de análisis de datos para revisar las cuentas de redes sociales públicas de decenas de miles de titulares de visas de estudiantes. Aunque el alcance total sigue siendo incierto, los informes actuales indican que la administración está vigilando contentidos por “sentimientos pro-Hamas”, “actividades antisemitas”, o simplemente por “conducta que muestra una actitud hostil hacia los ciudadanos o la cultura de EE. UU.” Hasta la fecha de publicación de esta nota, más de 1,600 visas de estudiantes ya han sido revocadas por diversas razones.

Una erosión peligrosa de la libertad de expresión

A pesar de que hay matices en la relación entre la libertad de expresión y la ley de inmigración, es evidente que los ciudadanos extranjeros que residen actualmente en EE. UU., incluidos los titulares de visas de estudiantes, están protegidos por la Primera Enmienda. La Corte Suprema afirmó en Bridges v. Wixon (1945) que “la libertad de expresión y de prensa es otorgada a los extranjeros que residen en este país.”

Revocar visas de estudiantes basándose, en parte, en lo que estos han dicho públicamente en redes sociales es especialmente problemático a nivel constitucional, dado que se está atacando un discurso político protegido por la Primera Enmienda. La Corte Suprema ha indicado que un propósito central de la Primera Enmienda es “proteger la libre discusión sobre asuntos gubernamentales”, ya sea en temas políticos, funcionarios públicos o el funcionamiento del gobierno.

La administración está apuntando a estudiantes no ciudadanos por “discurso pro-Hamas”, antisemita y hasta “pro-palestino”. Sin embargo, lo que se considera dentro de estas categorías es vago y no está claramente definido. Por ejemplo, la administración detuvo a un investigador de la Universidad de Georgetown debido a publicaciones en redes sociales que critican a Israel, sin expresar apoyo por Hamas.

Más importante aún, incluso el discurso controvertido u ofensivo está protegido por la Primera Enmienda. Existen varias categorías de discurso que no cuentan con dicha protección, como las verdaderas amenazas de violencia, incitar a la violencia inminente y proveer asistencia material para el terrorismo. Sin embargo, más allá de eso, el discurso estudiantil objetivo por parte de la administración está protegido. Aún más preocupante es que la administración está persiguiendo de forma generalizada a estudiantes que simplemente parecen ser “activistas sociales” o participan en discursos que son genéricamente “antiamericanos.”

Este tipo de vigilancia en redes sociales y revocación de visas, que abarca un discurso completamente legal, ataca el corazón de lo que la Primera Enmienda buscaba proteger.

Efecto disuasorio

La vigilancia en redes sociales motivada por el deseo del gobierno de castigar el discurso político crea un efecto disuasorio que ya se ha notado entre los titulares de visas de estudiantes al hacer que se refrenden a sí mismos y se abstengan de expresar puntos de vista políticos disidentes o controvertidos al saber que están siendo vigilados.

La Corte Suprema afirmó en Lamont v. Postmaster General (1965) que una política gubernamental que causa que las personas “sientan alguna inhibición” al expresarse libremente “está en guerra con el debate y discusión [del gobierno] que se contempla en la Primera Enmienda.” Recientemente, la Justicia de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, expresó en una opinión concurrente que “la conciencia de que el Gobierno puede estar observando enfría las libertades asociativas y expresivas” garantizadas por la Primera Enmienda.

Es decir, los titulares de visas de estudiantes son más propensos a participar en la autocensura y a abstenerse de expresar opiniones políticas disidentes o controvertidas al tener conocimiento de que están siendo vigilados. O bien, pueden optar por desvincularse completamente de las redes sociales para evitar que incluso publicaciones aparentemente inofensivas afecten su estado migratorio y su capacidad de continuar su educación en EE. UU.

Impacto en ciudadanos estadounidenses

Dado que las redes sociales de los titulares de visas de estudiantes, sin duda, incluyen ciudadanos estadounidenses, estos también pueden estar sujetos a un escrutinio en redes sociales, lo que a su vez también los disuade de hablar libremente o asociarse en línea. Los agentes del gobierno han tenido previamente la responsabilidad de los titulares de visas por las actividades de sus conexiones en redes sociales, lo cual crea un clima de autocensura en ciudadanos estadounidenses.

Una amenaza a la privacidad digital

La vigilancia en redes sociales, incluso de perfiles disponibles públicamente y especialmente con herramientas automatizadas, puede invadir la privacidad personal. La Corte Suprema ha sostenido repetidamente que la recolección y agregación de información personal accesible públicamente por parte del gobierno puede implicar intereses de privacidad. El gobierno puede obtener información personal a la que de otro modo no tendría acceso o sería difícil de encontrar.

Las redes sociales agregan información personal en un solo lugar, incluyendo detalles íntimos de nuestras vidas, como información de salud, preferencias políticas y creencias religiosas. Y las herramientas automatizadas pueden fácilmente buscar y ayudar a encontrar esta información. Aunque algunas personas elijan no publicar mucha información personal, pueden ser expuestas por comentarios y etiquetas realizadas por otros usuarios.

Lesiones constitucionales exacerbadas por herramientas automatizadas

La administración Trump está utilizando herramientas automatizadas para ayudar en la revisión de las publicaciones en redes sociales de los titulares de visas de estudiantes. Aunque todavía se están revelando hechos, cualquier forma de automatización probablemente amplifique el daño a la privacidad y libertad de expresión de estos estudiantes.

Deben adoptarse medidas urgentes para proteger a estos estudiantes y restaurar un ambiente donde la libertad de expresión pueda florecer sin el temor de represalias por parte de organismos gubernamentales. Al apuntar a estudiantes internacionales por categorías amplias de discurso en línea, esta administración está fomentando un clima de miedo que resulta peligrosamente perjudicial para toda la comunidad académica de EE. UU.