El presidente francés Emmanuel Macron ha solicitado cambios urgentes en la legislación que permitirían a jueces bloquear contenidos en internet en apenas 48 horas bajo la etiqueta de «información falsa», una medida que concentra en manos del Estado un poder sin precedentes para definir qué verdades pueden circular en el espacio público digital.
El mecanismo de control: justicia sumaria sin debate
Durante un discurso en la ciudad nororiental de Mirecourt, Macron anunció que había encargado a su gobierno la elaboración de procedimientos sumarios que podrían activarse cuando el gobierno considere que ciertas afirmaciones circulan en redes sociales.
El objetivo declarado es anclar este mecanismo de censura rápida en la legislación francesa «lo antes posible», eliminando los tiempos de deliberación que tradicionalmente protegen la libertad de expresión de decisiones precipitadas.
Un consejo de defensa para controlar la narrativa
El líder francés reveló la creación de un consejo de defensa dedicado a la «guerra de información» —un término orwelliano que redefine el debate público como campo de batalla—, exigiendo que complete su trabajo antes de fin de año.
Esta estructura gubernamental tendrá como misión determinar qué constituye «propaganda extranjera hostil», otorgándose a sí misma la autoridad para distinguir entre información legítima y contenido que debe ser suprimido, particularmente cuando cuestione las narrativas oficiales sobre conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania.
Censura justificada en lo personal
Macron y su esposa Brigitte han instrumentalizado las teorías conspirativas que les afectan personalmente —como la infundada afirmación sobre el género de la primera dama— para construir un marco legal que trasciende ampliamente su caso particular.
«Estamos completamente indefensos», declaró Macron a la prensa regional, invocando su victimización personal como justificación para un aparato de censura que afectará a todos los ciudadanos franceses, incluidos periodistas, activistas y disidentes políticos.
El peligro de la justicia acelerada
Bajo las propuestas delineadas, cualquier persona o entidad podría solicitar que un juez «dicte sentencia en 48 horas» para ordenar la eliminación de contenidos. Este plazo deliberadamente comprimido impide cualquier investigación seria sobre la veracidad de las afirmaciones, el contexto en que se hacen o las implicaciones de suprimirlas.
La premisa es que las «falsedades» se propagan más rápido que las correcciones, pero la solución propuesta —censura institucional inmediata— establece un precedente en el que el Estado se convierte en árbitro único de la verdad, sin supervisión democrática ni tiempo para apelaciones efectivas.
¿Quién define qué es desinformación?
Macron citó como ejemplo una supuesta afirmación falsa sobre el envío de 1,000 legionarios franceses a Ucrania. Sin embargo, la propuesta no establece criterios objetivos ni independientes para determinar qué constituye «desinformación» versus información incómoda para el gobierno.
En un contexto donde gobiernos europeos han sido sorprendidos mintiendo sobre operaciones militares, presencia de asesores en zonas de conflicto y apoyo encubierto a combatientes, otorgar al Estado poder de censura sumaria representa entregar el control del discurso público a quienes tienen mayor incentivo para manipularlo.
El pretexto geopolítico permanente
La iniciativa se enmarca en advertencias continuas sobre «crecientes esfuerzos de desinformación de Rusia», un enemigo exterior conveniente que justifica la construcción de infraestructura de censura doméstica. Una vez establecidos estos mecanismos contra la «propaganda extranjera», nada impide su uso contra críticos internos, periodistas de investigación o movimientos sociales que desafíen las políticas gubernamentales.
Acciones transnacionales contra la disidencia
Los Macron ya han demostrado su disposición a usar tribunales internacionales para silenciar voces críticas, habiendo demandado en Estados Unidos a la comentarista Candace Owens. Esta estrategia de lawfare transnacional revela que el objetivo no es simplemente corregir información errónea, sino crear un efecto disuasorio sobre cualquiera que cuestione narrativas oficiales.
De gira promocional del autoritarismo
El anuncio se produce durante una gira que ha llevado a Macron por diversas ciudades francesas, utilizando encuentros con ciudadanos para normalizar la idea de que la censura estatal rápida es una respuesta razonable a los desafíos de la era digital.
La propuesta llega convenientemente antes de las elecciones presidenciales de 2027, estableciendo herramientas que podrían ser utilizadas para suprimir información desfavorable sobre candidatos oficialistas o limitar la capacidad de opositores para comunicar mensajes críticos durante campañas electorales.
El futuro distópico ya está aquí
Lo que Macron presenta como defensa contra la desinformación es, en realidad, la construcción de un aparato de control informativo donde el Estado se arroga el derecho de determinar qué puede decirse, leerse y compartirse en el espacio público digital.
En 48 horas, sin debate real, sin investigación independiente, sin garantías procesales: así es como las democracias liberales construyen sus propios ministerios de la verdad, no con la honestidad brutal de regímenes autoritarios declarados, sino con el lenguaje sanitizado de la «lucha contra la desinformación» y la «protección de la dignidad».
La pregunta que los franceses —y todos los europeos— deben hacerse es simple: ¿quién vigilará a los vigilantes cuando el poder para silenciar en nombre de la verdad quede en manos de quienes más se benefician de controlar qué verdades se pueden decir?
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