La disputa entre LaLiga y Cloudflare ha alcanzado un nuevo nivel de tensión, afectando gravemente el acceso a Internet en España. Durante las últimas semanas, los clientes de Movistar, O2 y otros operadores han experimentado bloqueos intermitentes al intentar acceder a servicios alojados en la red de distribución de contenido (CDN) de Cloudflare. Lo que inicialmente se presentó como un problema técnico ha derivado en un enfrentamiento legal y mediático con consecuencias económicas y sociales significativas.
LaLiga ha confirmado que estos bloqueos forman parte de su estrategia para combatir la piratería audiovisual, concretamente la retransmisión ilegal de partidos de fútbol mediante servicios de IPTV. Sin embargo, el método utilizado ha provocado la desconexión de miles de páginas legítimas que no tienen relación con la retransmisión ilegal de contenido.
El problema comenzó el 2 de febrero de 2025, cuando usuarios de Movistar y O2 notaron que no podían acceder a diversas webs alojadas en Cloudflare. Los problemas se repitieron días después con mayor intensidad, afectando a plataformas esenciales como GitHub, la tienda de Microsoft y Telegram. Análisis técnicos mediante traceroute revelaron que las peticiones a direcciones IP de Cloudflare estaban siendo bloqueadas dentro de la red de Telefónica, mientras que otras IP cercanas no presentaban restricciones.
Este bloqueo no ha sido exclusivo de Movistar y O2. Operadores como DIGI, Vodafone y Orange también han mostrado mensajes de restricción en ciertas IPs, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una medida coordinada y no de una simple incidencia técnica.
LaLiga ha defendido su proceder argumentando que los bloqueos son temporales y están amparados por resoluciones judiciales. Según su comunicado más reciente, han habilitado un correo electrónico (afectadoscloudflare@laliga.es) para que empresas perjudicadas puedan reportar los bloqueos y trasladar sus quejas a Cloudflare. Sin embargo, la organización culpa directamente a la CDN estadounidense, acusándola de ofrecer cobertura a plataformas piratas al compartir IPs con servicios legítimos.
En un nuevo giro del conflicto, LaLiga ha intensificado su ofensiva contra Cloudflare al acusarla de facilitar actividades ilegales más allá de la piratería deportiva. En su último comunicado, la patronal del fútbol español ha denunciado a Cloudflare por permitir el uso de dos direcciones IP en la distribución de pornografía infantil, así como por colaborar en otras actividades ilícitas como fraude, estafa y comercialización de falsificaciones.
Estas acusaciones han elevado aún más la polémica, ya que la denuncia se suma a la negativa de Cloudflare de otorgar a LaLiga un acceso prioritario a su sistema. Según la organización futbolística, llevaban meses tratando de negociar con Cloudflare para obtener permisos que les facilitaran desactivar de forma inmediata los dominios sospechosos de retransmitir partidos ilegalmente. Al no recibir una respuesta favorable, LaLiga habría optado por intensificar los bloqueos a nivel de infraestructura.
Cloudflare, por su parte, ha rechazado estas afirmaciones y ha negado cualquier tipo de colaboración con redes de delincuencia. La empresa ha defendido su postura argumentando que una infraestructura tecnológica no debería ser considerada responsable de cómo terceros la utilicen, de la misma manera que los proveedores de servicios de Internet —incluidas las operadoras que han implementado los bloqueos— tampoco suelen ser considerados responsables de que sus redes sean utilizadas para cometer fraudes o llevar a cabo otras actividades ilegales.
Si bien la lucha contra el contenido ilegal es fundamental, el argumento de LaLiga resulta inconsistente, ya que la solución no pasa por responsabilizar a quienes proporcionan la infraestructura, sino por perseguir a quienes realmente cometen los delitos. De lo contrario, estaríamos ante un precedente peligroso donde cualquier empresa tecnológica podría ser acusada simplemente por ofrecer servicios que, en algún momento, puedan ser utilizados de forma ilícita por terceros.
Mientras LaLiga defiende la legalidad y proporcionalidad de sus bloqueos, miles de empresas en España han visto su operatividad afectada. Tiendas online, medios de comunicación, plataformas de pago y servicios esenciales como hosting y desarrollo web han sufrido caídas y pérdidas económicas debido a la inaccesibilidad de sus páginas.
El problema no se limita al ámbito empresarial. Usuarios particulares han expresado su frustración en redes sociales al no poder acceder a herramientas de trabajo o entretenimiento. La interrupción en servicios como GitHub ha afectado a desarrolladores, mientras que plataformas de mensajería como Telegram han quedado inutilizables para muchos usuarios de Movistar y O2.
Además, la incertidumbre generada por la falta de comunicación de los operadores ha llevado a muchos usuarios a recurrir a soluciones alternativas para sortear los bloqueos. Entre las más utilizadas se encuentran:
- Uso de VPNs: Herramientas como ProtonVPN o WARP de Cloudflare permiten establecer conexiones externas y eludir las restricciones impuestas por los operadores.
- Cambio a datos móviles: Muchos usuarios han optado por conectarse a través de redes móviles de otros operadores que no han implementado bloqueos en el momento.
Sin embargo, estas soluciones no resuelven el problema de fondo: la capacidad de una entidad privada como LaLiga para ordenar bloqueos masivos de IPs sin una supervisión adecuada.
El conflicto entre LaLiga y Cloudflare ha abierto un intenso debate sobre la neutralidad de la red en España. La posibilidad de que operadores de telecomunicaciones puedan restringir el acceso a determinados servicios sin ofrecer explicaciones claras plantea serias dudas sobre la transparencia y la regulación de Internet en el país.
El uso de resoluciones judiciales para ejecutar bloqueos de IPs sin distinción entre sitios legales e ilegales es visto por muchos como un abuso de la legislación antipiratería. Organizaciones defensoras de los derechos digitales han alertado sobre los riesgos de permitir que empresas con intereses comerciales, como Telefónica —que es propietaria de los derechos de retransmisión de LaLiga—, tengan el poder de decidir qué servicios pueden o no estar disponibles en la red.
La falta de información sobre los criterios utilizados para bloquear IPs y la negativa de las operadoras a proporcionar respuestas concretas ha aumentado la desconfianza de los usuarios. Además, el hecho de que estos bloqueos coincidan con eventos deportivos clave refuerza la percepción de que se trata de una medida más orientada a la protección de intereses comerciales que a la lucha efectiva contra la piratería.
LaLiga ha dejado claro en su comunicado que no se detendrá y que continuará implementando medidas para bloquear la retransmisión ilegal de sus contenidos. Con un calendario deportivo cargado de partidos importantes, es probable que los bloqueos persistan y que el enfrentamiento con Cloudflare se recrudezca en los próximos meses.
Por otro lado, la creciente presión mediática y social podría llevar a una mayor regulación sobre cómo se gestionan estos bloqueos y qué mecanismos deben implementarse para minimizar el daño a terceros. La comunidad tecnológica, asociaciones de derechos digitales y empresas afectadas podrían tomar acciones legales para exigir mayor transparencia y responsabilidad por parte de las operadoras y LaLiga.
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