La República Democrática del Congo (RDC) ha presentado denuncias penales contra filiales de Apple en Francia y Bélgica, acusando a la empresa de utilizar «minerales de sangre» procedentes de África subsahariana en sus dispositivos tecnológicos. Estas denuncias alegan que Apple se beneficia de minerales saqueados en la RDC, los cuales son blanqueados a través de cadenas de suministro internacionales. Además, se acusa a la compañía de emplear prácticas comerciales engañosas para asegurar a los consumidores que sus cadenas de suministro están libres de conflictos.
En abril de 2024, representantes legales de la RDC solicitaron al CEO de Apple, Tim Cook, y a las filiales de la empresa en Francia, que respondieran a preguntas detalladas sobre la posible contaminación de su cadena de suministro con minerales de sangre. Hasta la fecha, Apple no ha proporcionado una respuesta sustancial a estas interrogantes. El equipo legal internacional que representa a la RDC incluye a Robert Amsterdam de Amsterdam & Partners LLP en Washington DC, William Bourdon de Bourdon & Associés en París, y Christophe Marchand de Jus Cogens en Bruselas.
Robert Amsterdam describió las denuncias penales en Francia y Bélgica como el «primer ataque» de acciones judiciales, afirmando que Apple, como una empresa valorada en billones de dólares, debe ser consciente de las consecuencias de sus acciones. William Bourdon destacó que estas denuncias constituyen una iniciativa judicial dual sin precedentes, un primer paso hacia la rendición de cuentas de uno de los mayores actores tecnológicos por su política de enriquecimiento a expensas de graves crímenes que afectan las cadenas de suministro africanas.
La RDC ha contratado un equipo legal internacional para enfrentar a individuos y empresas involucrados en la extracción, suministro y comercialización de recursos naturales y minerales saqueados del país. Estas actividades han causado daños y sufrimientos incalculables a la población civil, alimentando un ciclo de violencia y conflicto al financiar milicias y grupos terroristas, además de contribuir al trabajo infantil forzado y la devastación ambiental. Organizaciones como las Naciones Unidas y Global Witness han documentado el comercio ilegal de minerales de conflicto, demostrando la dependencia de grandes productores de tecnología de consumo en estas prácticas.