:format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/25543343/image__15_.png?w=150&resize=150,150&ssl=1 "Captura de pantalla de una tabla del sitio web unicode.org, que muestra una lista de emojis bajo la categoría de \"juegos\". La tabla tiene varias columnas con los encabezados: \"№\" (número), \"Code\" (código), \"Browser\", \"Sample\", \"GMail\", \"SB\", \"DCM\", \"KDDI\" y \"CLDR Short Name\" (nombre corto CLDR)")
La orden del gobierno a Google para desenmascarar a ciertos usuarios de YouTube ha desatado un debate sobre la protección de la privacidad en línea y el derecho a la libertad de expresión. Según los críticos, esta medida representa un peligro para la confidencialidad de los datos de los usuarios y podría tener un impacto negativo en la forma en que las personas comparten y consumen contenido en la plataforma. Además, se plantean preocupaciones sobre la posibilidad de que esta acción siente un precedente para futuras solicitudes de revelación de información privada por parte de las autoridades. Es fundamental seguir de cerca cómo se desarrolla esta situación y qué implicaciones puede tener para la privacidad en línea y la libertad de expresión.
Recientemente, se ha revelado que investigadores federales en Estados Unidos han solicitado a Google la entrega de datos sobre los espectadores de ciertos videos en YouTube, según órdenes judiciales obtenidas por Forbes. Esta medida ha provocado una ola de preocupación entre expertos en privacidad y grupos de derechos civiles, quienes argumentan que estas órdenes podrían ser inconstitucionales al riesgo de convertir a espectadores inocentes en sospechosos criminales.
En un caso destapado en Kentucky, agentes encubiertos buscaron identificar al individuo detrás del alias «elonmuskwhm», sospechoso de vender bitcoin por efectivo, lo que podría infringir las leyes contra el lavado de dinero y la transmisión de dinero sin licencia. Para ello, utilizaron tutoriales de YouTube sobre mapeo con drones y software de realidad aumentada, solicitando posteriormente a Google información sobre quienes visualizaron dichos videos, acumulando más de 30,000 vistas.
Las órdenes judiciales requerían a Google proveer nombres, direcciones, números telefónicos, y actividad de usuario de quienes accedieron a los videos entre el 1 y el 8 de enero de 2023, incluyendo las direcciones IP de quienes no poseen cuentas de Google. La policía argumentó que estos registros serían relevantes para la investigación criminal en curso.
Albert Fox-Cahn, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de la Tecnología de Vigilancia, expresó preocupación por estas prácticas, sugiriendo que nadie debería temer a una visita policial simplemente por el contenido recomendado por el algoritmo de YouTube.
Aunque se desconoce si Google ha proporcionado los datos solicitados, estas solicitudes no son aisladas. En New Hampshire, por ejemplo, la policía solicitó información sobre cuentas que visualizaron o interactuaron con ocho transmisiones en vivo de YouTube relacionadas con amenazas de bomba.
Google ha respondido a estas demandas destacando su proceso riguroso diseñado para proteger la privacidad y los derechos constitucionales de los usuarios, examinando cada solicitud por su validez legal y oponiéndose a demandas excesivas o inapropiadas.
Estas órdenes judiciales han sido criticadas como una tendencia alarmante hacia la expansión de las búsquedas digitales sin garantías, comparándolas con las órdenes de geocerca, donde Google ha sido obligado a entregar datos sobre todos los usuarios en la proximidad de un crimen. Este tipo de prácticas plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión, poniendo en peligro las protecciones de la 1ª y 4ª Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
