YouTube anunció que bloqueará en Hong Kong el acceso a vídeos de «Gloria a Hong Kong», un himno de las protestas antigubernamentales de 2019, tras una reciente decisión judicial que ha declarado ilegal la canción. La Corte de Apelaciones de Hong Kong, que revocó una decisión anterior del Tribunal Superior que consideraba la libertad de expresión, ha determinado que la canción fue concebida por su compositor como un «arma» y su interpretación o distribución está ahora prohibida bajo la legislación actual.
La corte especificó que el veto aplica a cualquier transmisión o distribución de la canción con el objetivo de promover la independencia de Hong Kong o representarla erróneamente como el himno oficial de la ciudad, que en realidad utiliza el himno nacional de China, «La Marcha de los Voluntarios». En respuesta, YouTube, propiedad de la corporación estadounidense Alphabet, igual que Google, ha bloqueado 32 vídeos relacionados con el himno, calificándolos de «contenido prohibido».
Este movimiento de YouTube surge en un contexto en el que el gobierno de Hong Kong, bajo la influencia de la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020, ha intensificado sus esfuerzos por reprimir las voces disidentes y controlar la información en línea. La ley penaliza actividades como el terrorismo, el separatismo, la subversión del poder estatal o la colusión con fuerzas extranjeras, y ha llevado a la detención y encarcelamiento de cientos de activistas prodemocracia, así como a la supresión de la sociedad civil de la ciudad.
La decisión de YouTube ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos por su posible impacto negativo en la libertad de expresión en línea. La compañía ha expresado su descontento con la decisión judicial y está evaluando opciones para apelar el fallo.
George Chen, co-presidente de prácticas digitales en el grupo de consultoría Asia Group, con sede en Washington, ha comentado que estas acciones podrían dañar la reputación de Hong Kong como centro financiero global si los funcionarios presionan a las plataformas en línea para eliminar contenido de forma rutinaria, lo que podría generar dudas sobre la disposición de la ciudad para permitir el libre flujo de información.
