El uso de cámaras de lectores automáticos de matrículas por parte de la policía en Norfolk, Virginia, ha sido impugnado mediante una demanda que alega que estas cámaras facilitan una vigilancia sin orden judicial, violando la Cuarta Enmienda. El caso fue presentado por el Instituto para la Justicia, una organización sin ánimo de lucro, que busca detener el uso de estas tecnologías en la ciudad.
Norfolk, con una población de alrededor de 238.000 habitantes, ha implementado una red de cámaras que, según los demandantes, permite rastrear y almacenar los movimientos de los conductores sin necesidad de una orden judicial. El sistema utiliza una base de datos asistida por inteligencia artificial (IA), que según la demanda, facilita una vigilancia masiva. Esta tecnología, proporcionada por la empresa Flock Safety, captura imágenes de todos los vehículos que pasan, registrando sus matrículas y características.
El Instituto para la Justicia ha señalado que esta demanda podría haberse presentado en cualquiera de las más de 5.000 comunidades que utilizan las cámaras de Flock Safety, pero escogieron Norfolk debido a un precedente reciente del Cuarto Circuito de Apelaciones, que declaró inconstitucional el uso de drones para vigilancia sin orden judicial en Baltimore, basándose en la Cuarta Enmienda. Este precedente es fundamental para el caso actual, ya que Norfolk intenta lograr desde el suelo lo que el tribunal impidió desde el aire.
Los demandantes, dos residentes de Norfolk y Portsmouth que frecuentemente conducen por áreas vigiladas, argumentan que el sistema de cámaras vulnera su derecho a la privacidad. Además, el sistema no solo permite a la policía de Norfolk seguir los movimientos de los residentes, sino que, gracias a la centralización de datos, permite rastrear vehículos en otras comunidades que también utilizan la red de Flock.
La demanda busca una declaración de que las políticas de vigilancia de la ciudad son ilegales y violan la Cuarta Enmienda. Los demandantes solicitan una orden judicial permanente que impida el uso de estas cámaras sin una orden basada en causa probable, además de requerir la eliminación de todos los datos recopilados. Si el uso de las cámaras continúa, exigen que la policía obtenga una orden judicial antes de acceder a cualquier imagen o dato generado por las cámaras.
Aunque Flock Safety no es demandada en el caso, ha defendido su tecnología argumentando que la captura de matrículas en espacios públicos no constituye una búsqueda sin orden judicial según la jurisprudencia vigente. La empresa sostiene que los tribunales de al menos catorce estados han considerado constitucional el uso de estos dispositivos sin necesidad de una orden previa.
Sin embargo, la demanda también destaca preocupaciones sobre el posible abuso de estos sistemas. Mencionan casos como el de un jefe de policía en Kansas que usó las cámaras para acosar a su expareja, lo que demuestra los riesgos de un acceso sin control estricto.
Los demandantes destacan que la vigilancia masiva en Norfolk crea un registro detallado de los movimientos de los ciudadanos, lo cual socava gravemente su privacidad. La ciudad ya cuenta con 172 cámaras, y el jefe de policía ha anunciado la expansión con la adquisición de 65 más. El uso de IA en estos sistemas permite realizar búsquedas detalladas y rastrear vehículos con unos pocos clics, lo que antes requería días de trabajo y numerosos recursos.
