Pavel Durov, cofundador y CEO de la plataforma de mensajería encriptada Telegram, ha sido acusado formalmente por las autoridades francesas tras su arresto el pasado sábado en el aeropuerto de Le Bourget. Aunque Durov fue liberado después de pagar una fianza de 5 millones de euros, tiene la obligación de presentarse ante la policía dos veces por semana y no puede abandonar el país.
Las acusaciones contra Durov se centran en la supuesta implicación de Telegram en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el ciberacoso, el crimen organizado, y la distribución de material de abuso sexual infantil. Además, las autoridades francesas acusan a Durov de no cooperar con las investigaciones policiales, especialmente en relación con delitos contra menores que presuntamente se facilitan a través de la plataforma.
El arresto de Durov ha generado polémica, con algunos interpretándolo como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, utilizó su cuenta en la red social X para rechazar estas afirmaciones. Macron subrayó el compromiso de Francia con la libertad de expresión y la innovación, pero también destacó que dichas libertades deben ejercerse dentro de un marco legal que proteja a los ciudadanos y respete sus derechos fundamentales.
Macron aclaró que la detención de Durov se enmarca en una investigación judicial en curso y que no responde a motivaciones políticas, sino a la independencia del poder judicial francés. Según informes, la policía francesa ha estado investigando el uso de Telegram en crímenes relacionados con menores desde febrero, pero han recibido poca o ninguna cooperación por parte de la plataforma.
Babette Ngene, directora de tecnología de interés público para la Electronic Frontier Foundation, expresó su preocupación por un posible «exceso de autoridad» en este caso, aunque reconoció que Durov aparentemente no cumplió con las solicitudes de las autoridades.
