Las fuerzas de seguridad de Argentina han anunciado la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, con el objetivo de utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de delitos y predecir crímenes futuros. Este movimiento, promovido por el presidente de extrema derecha Javier Milei, ha suscitado advertencias de expertos sobre las posibles amenazas a los derechos de los ciudadanos.
Según la legislación, esta unidad no solo utilizará algoritmos para predecir delitos, sino que también desplegará software de reconocimiento facial para identificar a personas buscadas, patrullará redes sociales y analizará en tiempo real las grabaciones de cámaras de seguridad para detectar actividades sospechosas. El ministerio de seguridad ha defendido la medida, afirmando que ayudará a «detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos criminales y anticipar disturbios».
Sin embargo, la implementación de esta tecnología ha generado alarma entre las organizaciones de derechos humanos. Expertos temen que ciertos grupos de la sociedad sean sometidos a una vigilancia excesiva, y cuestionan quiénes y cuántos miembros de las fuerzas de seguridad tendrán acceso a la información recopilada. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, advirtió que la vigilancia a gran escala puede afectar la libertad de expresión, ya que las personas podrían autocensurarse o abstenerse de compartir sus ideas o críticas si sospechan que están siendo monitorizadas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha señalado que estas tecnologías históricamente se han utilizado para perfilar a académicos, periodistas, políticos y activistas, lo que sin una supervisión adecuada amenaza la privacidad.
Javier Milei, un libertario de extrema derecha que ascendió al poder el año pasado, ha prometido una respuesta contundente para combatir el crimen. Su ministra de seguridad, Patricia Bullrich, busca replicar el controvertido modelo penitenciario de El Salvador y militarizar la política de seguridad. El gobierno también ha tomado medidas enérgicas contra las protestas, con la policía antidisturbios disparando gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes a corta distancia, y funcionarios amenazando con sancionar a los padres que lleven a sus hijos a las marchas.
La reacción a esta medida ha sido especialmente fuerte en un país con un oscuro historial de represión estatal. Durante la brutal dictadura de 1976-83, aproximadamente 30,000 personas fueron desaparecidas forzosamente, muchas arrojadas vivas desde aviones en los llamados «vuelos de la muerte». Miles también fueron torturadas y cientos de niños fueron secuestrados.
Una fuente del ministerio de seguridad aseguró que la nueva unidad operará bajo el marco legislativo actual, incluyendo el mandato de la Ley de Protección de Información Personal. La unidad se centrará en aplicar la inteligencia artificial, el análisis de datos y el aprendizaje automático para identificar patrones y tendencias criminales en las bases de datos del ministerio.
