La demanda de mil millones de dólares de los desarrolladores de aplicaciones se centra en las tarifas que Apple cobra a los desarrolladores por utilizar la App Store. Los desarrolladores alegan que estas tarifas son injustas y anticompetitivas, ya que limitan su capacidad para ofrecer precios competitivos a los consumidores. Apple, por su parte, defiende sus tarifas como una forma de mantener la calidad y seguridad de la plataforma.
Un tribunal del Reino Unido ha decidido que una demanda antimonopolio contra Apple, valorada en casi mil millones de dólares, puede proceder, desestimando así el intento de la compañía de Cupertino de que fuera desestimada. La demanda, que asciende a 785 millones de libras esterlinas (aproximadamente 979 millones de dólares), fue interpuesta en nombre de más de 1.500 desarrolladores británicos. Estos alegan que el control monopólico de Apple sobre el mercado de aplicaciones para iPhone le ha permitido imponer niveles de comisión «abusivos» sobre las ventas de aplicaciones.
Este caso no es aislado, ya que se basa en acusaciones similares que han obligado a Apple a permitir tiendas de aplicaciones de terceros en la Unión Europea y que también forman parte de un caso antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. Concretamente, los desarrolladores no han tenido otra opción más que vender sus aplicaciones a través de la App Store oficial, permitiendo así a Apple imponer los términos que desee y cobrar las comisiones que considere oportunas.
El litigio fue iniciado el verano pasado y está siendo liderado por Sean Ennis, profesor del Centre for Competition Policy de la Universidad de East Anglia y ex economista de la OCDE. Ennis ha declarado: “Los cargos que Apple impone a los desarrolladores de aplicaciones son excesivos y solo son posibles debido a su monopolio en la distribución de aplicaciones en iPhones y iPads. Estos cargos son injustos por sí mismos y constituyen un precio abusivo”.
Apple trató de que el caso fuera desestimado argumentando que un tribunal del Reino Unido solo debería poder dictaminar sobre las comisiones cobradas por ventas en el Reino Unido, no a nivel global. Sin embargo, el juez Andrew Lenon rechazó este argumento en una resolución escrita, señalando que los abogados de Ennis tienen una perspectiva realista de establecer que «el exceso de cobro de comisiones a desarrolladores de aplicaciones con sede en el Reino Unido en relación con transacciones comerciales en tiendas no británicas sí constituye una conducta implementada en el Reino Unido».
